Supuesto de hecho.

En abril de 2020, se produjo una discusión en el rellano de un inmueble de Barcelona que derivó en un incidente con lesiones documentadas entre dos hombres. La causa se inició mediante un atestado policial, sosteniendo la acusación que ambos implicados se habían agredido mutuamente. El Ministerio Fiscal interesó para uno de ellos una pena de dos meses de multa a doce euros diarios e indemnización por responsabilidad civil, mientras que el otro fue acusado de un delito de lesiones con instrumento peligroso.

Durante la fase de juicio oral, la acusación particular decidió retirarse del procedimiento, si bien el Ministerio Fiscal mantuvo su pretensión punitiva. El núcleo del conflicto jurídico residía en determinar si la prueba practicada permitía atribuir cada resultado lesivo a una conducta y a un autor concretos, dada la naturaleza de denuncias cruzadas del asunto.

En el plenario, ambos acusados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Se practicó la prueba testifical de un agente de la autoridad, quien manifestó no haber presenciado los hechos directamente, procediendo su conocimiento de lo relatado por uno de los implicados tras la intervención. Asimismo, una testigo civil manifestó no recordar lo sucedido el día de los hechos. La documentación médica aportada acreditaba la existencia de lesiones leves, pero no contenía información sobre la mecánica de producción ni la identidad del agresor.

El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Barcelona dictó la Sentencia 35/2025 el 22 de enero de 2025, absolviendo a ambos acusados de todos los cargos al considerar que no existía prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, resolución que adquirió firmeza el 28 de febrero de 2025.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo de la parte demandante era obtener una Sentencia condenatoria contra los dos acusados por delitos de lesiones, solicitando la imposición de penas de multa y el pago de indemnizaciones por los daños físicos documentados. Se pretendía que el tribunal vinculase las lesiones constatadas en los partes médicos con la autoría de los implicados, basándose en el contexto de la disputa recogida en el atestado policial inicial.