Supuesto de hecho.

Dña. Cristina prestaba servicios como ayudante de peluquería para una empresa de peluquería demandada desde el 3 de septiembre de 2023, con un salario mensual de 1.337,93 euros. A partir de enero de 2025, la empleadora dejó de abonar las nóminas de forma continuada, situación que se prolongó durante los meses de febrero, marzo y los primeros veintiún días de abril de 2025. Ante este incumplimiento grave, la trabajadora interpuso una demanda solicitando la extinción indemnizada de su relación laboral al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Durante la tramitación del proceso, la demandante permaneció en situación de incapacidad temporal desde el 21 de abril hasta el 15 de agosto de 2025. En esta última fecha, la trabajadora tuvo conocimiento de que la empresa había procedido a darle de baja en la Seguridad Social y había cerrado sus instalaciones de forma definitiva. Ante estos hechos, la representación de la trabajadora promovió una nueva acción por despido tácito, solicitando la acumulación de ambos procedimientos, la cual fue aceptada por el órgano judicial.

La empresa demandada, a pesar de haber sido citada en legal forma, no compareció al acto del juicio ni justificó su ausencia. El Juzgado de lo Social de Madrid dictó Sentencia el 17 de junio de 2026, estimando parcialmente la demanda al considerar acreditado el incumplimiento empresarial grave y persistente en el pago de los salarios, declarando extinguida la relación laboral con derecho a indemnización y al abono de las cantidades adeudadas.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo de la demandante era obtener la resolución judicial de su contrato de trabajo por incumplimiento grave del empleador, fundamentado en el impago reiterado de cuatro mensualidades de salario. Pretendía que se le reconociera el derecho a percibir la indemnización legal prevista para el despido improcedente, así como el cobro íntegro de los salarios devengados y no abonados, incrementados con el recargo por mora del diez por ciento, y una indemnización adicional por daños morales debido a la situación de desprotección generada.