Supuesto de hecho.

En el seno de una Comunidad de Propietarios, las codemandadas, hermanas y propietarias de un adosado integrado en la finca, venían desarrollando desde años atrás conductas que, según la Comunidad, perturbaban gravemente la convivencia vecinal e impedían el normal uso de los elementos comunes. Entre tales comportamientos se denunciaban insultos y amenazas a vecinos y sus familiares, ruidos a horas intempestivas, desconexión de la antena colectiva instalada en su vivienda, e impedir el acceso para su reparación, así como permitir que sus perros deambularan por las zonas comunes sin correa ni bozal, defecando en jardines comunitarios sin proceder a su limpieza.

Ante la persistencia de dichas conductas, y tras múltiples intentos de solución extrajudicial mediante requerimientos fehacientes, hasta un total de cinco burofaxes, y la celebración de diversas Juntas, en una reunión extraordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2017 la Comunidad acordó por unanimidad autorizar al Presidente para el ejercicio de acción judicial de cesación al amparo del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, notificándose dicho acuerdo a las interesadas.

Interpuesta Demanda de juicio ordinario ejercitando acción de cesación de actividades molestas, se solicitó la condena de las demandadas a cesar de forma inmediata y definitiva en las conductas descritas, la privación del derecho de uso de la vivienda por un periodo proporcional a la gravedad de los hechos, estimado en diez meses, la indemnización de 138,18 euros por los gastos derivados de los requerimientos efectuados y la imposición de costas.

Las demandadas no comparecieron en el procedimiento, siendo declaradas en situación de rebeldía procesal. Practicada la prueba documental y testifical en el acto del juicio, resultó acreditado que las demandadas permitían que su perro transitara por las zonas comunes sin las medidas de control exigibles y que mantenían desconectada la antena colectiva, impidiendo el servicio al resto de propietarios, constando igualmente la existencia de denuncias penales por otros hechos más graves.

Finalmente, la Sentencia estimó parcialmente la Demanda, condenando a las demandadas a cesar definitivamente en las conductas relativas al perro y a la antena comunitaria, a abonar la cantidad de 138,18 euros más intereses legales y al pago de las costas procesales, rechazando, no obstante, la solicitud de privación del derecho de uso de la vivienda al considerar que, respecto de otras conductas más graves alegadas, su eventual enjuiciamiento correspondía al ámbito penal.

Objetivo. Cuestión planteada.

La Comunidad pretende restablecer la normal convivencia y el uso pacífico de los elementos comunes, obteniendo una Sentencia que declare ilícitas y contrarias al art. 7.2 LPH las conductas atribuidas a las codemandadas, ordene su cesación inmediata y definitiva, evite su reiteración mediante un pronunciamiento judicial con eficacia disuasoria, y consiga además la reparación económica de los perjuicios concretos (gastos de requerimientos) y la condena en costas, procurando, en función de la gravedad y persistencia, una medida de presión adicional como la privación temporal del uso de la vivienda (aunque finalmente no se concediera).