Supuesto de hecho.

Con fecha 9 de septiembre de 2010, D. Enol, titular de una vivienda unifamiliar, suscribió con la compañía Mutua una póliza de seguro multirriesgo del hogar destinada a cubrir diversos riesgos relativos al inmueble, entre ellos los daños por agua, roturas, daños eléctricos, robo y responsabilidad civil. El asegurado se encontraba al corriente del pago de las primas y la póliza estaba plenamente vigente al momento de los hechos.

El 1 de diciembre de 2020, se produjo una filtración de agua en el inmueble asegurado que ocasionó daños en el techo, buhardilla y paramentos de la vivienda. Ese mismo día, el asegurado comunicó el siniestro a la compañía para que procediera a su valoración y reparación. La aseguradora, en lugar de designar un perito independiente, encargó la valoración a un fontanero perteneciente a su propio grupo colaborador, quien tras una breve inspección señaló que existía una grieta puntual en un canalón y que informaría de la necesidad de reparación tanto del origen como de los daños. Sin embargo, no se realizó actuación alguna posterior ni se emitió informe técnico.

Dos días después, el 3 de diciembre de 2020, la aseguradora rehusó el siniestro sin emitir informe pericial ni justificar la decisión al asegurado, alegando que el tejado afectado tenía carácter comunitario y, por tanto, no se encontraba cubierto por la póliza. Tal afirmación resultaba falsa y arbitraria, ya que la vivienda era una edificación unifamiliar, tal y como constaba en el título de propiedad y en la propia póliza.

Ante el rechazo injustificado y el retraso en la tramitación, los inquilinos de la vivienda decidieron abandonarla, generando mayores perjuicios económicos al asegurado, quien, ante la falta de respuesta y asistencia, tuvo que acometer las reparaciones por su cuenta.

El actor presentó reclamaciones formales ante la compañía aseguradora, al Defensor del Asegurado y, finalmente, el 18 de diciembre de 2020, ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), cuya resolución, de 6 de septiembre de 2022, le instó a acudir a la vía judicial al constatar la falta de respuesta efectiva por parte de la aseguradora.

Posteriormente, y solo tras las reclamaciones administrativas, la aseguradora encargó un informe pericial propio, que confirmó expresamente la existencia del siniestro y su cobertura conforme a las condiciones de la póliza, valorando los daños en 1.045,24 euros (IVA incluido). El propio perito de la aseguradora declaró que el origen de la avería era una fisura puntual en el canalón de zinc, sin falta de mantenimiento, por lo que los daños tenían cobertura aseguradora.

Aun así, la aseguradora se negó a indemnizar a su cliente y dio de baja la póliza sin justificación, persistiendo en su negativa al pago. D. Enol encargó entonces un informe pericial independiente, que igualmente concluyó que el siniestro estaba plenamente cubierto por las garantías de “Gastos de localización y reparación de la avería” y “Daños materiales por acción del agua”.

Tras agotar todas las vías amistosas y administrativas sin obtener respuesta, el asegurado interpuso Demanda en reclamación de la cantidad de 1.592,49 euros, correspondiente al coste de reparación (1.177 €) más los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS).

Durante el procedimiento, la aseguradora alegó falta de legitimación activa, no acreditación de los daños y pluspetición, invocando que el importe reclamado excedía la valoración de su propio perito. No obstante, el juzgado desestimó dichas excepciones al constatar que el demandante figuraba como tomador y asegurado en la póliza, y que el daño estaba debidamente acreditado mediante facturas y peritaciones coincidentes.

El tribunal concluyó que Mutua incumplió de forma injustificada sus obligaciones contractuales, privando al asegurado de la cobertura garantizada, por lo que dictó Sentencia estimatoria condenando a la aseguradora a pagar 1.243 euros, más intereses del artículo 20 LCS y costas procesales, al apreciar mala fe y temeridad en su actuación.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se condene al demandado al pago de 1.592,49 euros por los daños producidos por una filtración de agua, cubiertos por la póliza de seguro.