Supuesto de hecho.

Carolina ha presentado una Demanda ante el Juzgado de lo Social contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social. Solicita que se le reconozca una incapacidad permanente absoluta o, si no es posible, al menos una incapacidad permanente total. La demandante, que trabajaba en la industria cárnica, padece un trastorno depresivo grave y crónico que lleva tratándose durante más de 17 años, además de diversos problemas físicos como dolores articulares y musculares. A pesar de los tratamientos recibidos, su estado no ha mejorado e incluso los médicos han indicado que no se espera mejoría. También ha sido declarada "no apta" por una mutua laboral debido a sus problemas de salud. Por todo esto, argumenta que no puede realizar ningún tipo de trabajo y solicita que se le conceda la prestación económica correspondiente, ya que el INSS previamente le había denegado esta solicitud. 

Finalmente, el 3 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio parcialmente la razón y le reconoció una incapacidad permanente total para su trabajo de matarife, lo que significa que no puede seguir realizando ese trabajo específico, aunque podría hacer otros tipos de trabajos más sedentarios. Como resultado, se le concedió el derecho a recibir una pensión mensual del 75% de su base reguladora de 879,99 euros, con efectos desde el 21 de abril de 2022. Esta decisión todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se declare la incapacidad permanente absoluta.