Supuesto de hecho.

Don Juan formuló Demanda frente a una entidad prestamista, interesando se declarase la obligación de esta de entregar copia de dos contratos de préstamo suscritos entre las partes, así como los cuadros de amortización correspondientes, en los que se reflejasen de forma detallada los pagos realizados por el demandante. Alegó que, como cliente financiero, tenía derecho a acceder a dicha documentación en virtud de las obligaciones de transparencia y deber de información previstas en la normativa aplicable al crédito al consumo y al contrato bancario.

Con anterioridad a la interposición de la Demanda, el 5 de julio de 2024, el demandante formuló reclamación extrajudicial escrita y justificada, en la que identificó correctamente su identidad y solicitó formalmente la entrega de la documentación contractual. El 8 de julio de 2024, la entidad demandada respondió expresamente denegando tal petición, y tras ello, el actor volvió a dirigirse a la entidad sin obtener respuesta alguna.

Ante la negativa reiterada de la entidad y su falta de colaboración, el demandante no tuvo más remedio que acudir a la vía judicial para la defensa de sus intereses. Durante la tramitación del proceso, la entidad presentó escrito de allanamiento total, acompañando los documentos solicitados y solicitando la no imposición de costas, alegando la improcedencia del cauce ordinario utilizado por la actora y cuestionando la aplicación de la normativa bancaria, al no tratarse, según su criterio, de una entidad supervisada por el Banco de España.

La parte actora manifestó su total disconformidad con el allanamiento en cuanto a sus fundamentos, señalando que la conducta de la demandada había sido manifiestamente temeraria y de mala fe, pues reconocía en su propio escrito de allanamiento haber recibido y comprendido la solicitud inicial, denegándola de forma injustificada. Invocó en su defensa el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 29 de abril de 2015), que establece que si el consumidor se ve forzado a acudir al proceso judicial por la negativa de la entidad a cumplir con su obligación, debe imponerse a esta última la condena en costas.

Asimismo, la parte actora defendió la idoneidad del procedimiento ordinario como vía procesal adecuada para una acción de obligación de hacer, citando la SAP de Madrid 351/2023 de 11 de julio, y rechazó que se tratase de un caso encuadrable en las diligencias preliminares del artículo 256 LEC, dado el carácter numerus clausus de estas y su naturaleza potestativa, no imperativa.

Finalmente, el juzgado dictó Sentencia estimatoria íntegra de la Demanda, condenando a la entidad demandada a entregar la documentación solicitada. Asimismo, y ante la existencia del requerimiento fehaciente y la falta de colaboración extrajudicial por parte de la demandada, impuso las costas del procedimiento a esta última, conforme al artículo 395 LEC.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se declare la obligación de la demandada de entregar a la actora la copia de los contratos, así como sus respectivos cuadros de amortización, donde se indique de la forma más detallada posible los pagos realizados por mi representado.