Supuesto de hecho.

El Sr. Sergio y la Sra. Sol, tras contraer matrimonio en 1997, adquirieron en proindiviso una finca en 2006, que fue su domicilio familiar hasta 2013. Ese año decidieron arrendarla, acordando ingresar las rentas en una cuenta común. Tras su separación en 2014, la Sra. Sol dejó de abonar a su expareja su 50% de los ingresos, pese a lo acordado. En 2015, el Sr. Sergio solicitó a los inquilinos que le abonaran directamente su parte del alquiler, sin éxito. Posteriormente, en 2023, descubrió que la finca había sido arrendada nuevamente sin su consentimiento, lo que generó sospechas sobre la existencia de otros contratos irregulares.

Ante esta situación, el Sr. Sergio presentó diligencias preliminares, solicitando copia de todos los contratos de arrendamiento, justificantes de cobro de rentas y documentación de gastos desde 2013. Mediante Auto de 25 de mayo de 2023, el Tribunal acordó la práctica de la diligencia preliminar. La Sra. Sol, sin embargo, instó la nulidad de actuaciones, alegando indefensión por no haber sido notificada de la solicitud de diligencias preliminares y haber tenido conocimiento del procedimiento solo a través de un correo electrónico dirigido a su hijo. En providencia de 7 de julio de 2023, el Tribunal inadmitió la solicitud de nulidad, señalando que las diligencias preliminares se encaminan a la reunión de documentación para la presentación de una demanda, la cual aún no había sido interpuesta, y que, por lo tanto, la Sra. Sol no era aún parte legítima en el procedimiento.

Ante la inadmisión, la Sra. Sol interpuso recurso de reposición, fundamentando su recurso en la infracción del artículo 11.3 de la LOPJ, en relación con el artículo 227.2 de la LEC, y alegando indefensión material al impedirle oponerse a las diligencias preliminares. No obstante, mediante Auto de 18 de marzo de 2024, el Tribunal desestimó el recurso, señalando que la nulidad de actuaciones es de carácter excepcional y que no cabe invocarla contra unas diligencias preliminares. 

Objetivo. Cuestión planteada.

La obtención de todos los contratos de arrendamiento suscritos, los documentos acreditativos del cobro de las rentas y la documentación acreditativa de los pagos correspondientes a los gastos del inmueble.