El trabajador, un conductor con más de dos años de antigüedad, fue despedido tras protagonizar un accidente que tuvo lugar el 25 de marzo de 2024. Según el informe de la Guardia Civil, no respetó la distancia de seguridad, inobservó las condiciones de la vía y no mostró la diligencia exigida para su puesto. Estos hechos constituyeron una transgresión de la buena fe contractual, conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Pese a que la carta de despido, presentada por la empresa, era breve y se centraba en la descripción de la negligencia, lograron superar los desafíos del procedimiento tanto en el fondo como en la forma.

Uno de los aspectos críticos del caso fue el hecho de que el convenio colectivo aplicable al sector del transporte exige conceder un periodo de audiencia previa al trabajador antes de imponer sanciones disciplinarias graves, como el despido. Sin embargo, el trabajador no alegó este requisito, ni en su Demanda inicial ni en el recurso interpuesto, debilitando una potencial línea de defensa que podría haber cuestionado la validez formal del despido.

Este punto subraya la importancia de que las empresas revisen y cumplan con los procedimientos establecidos en los convenios colectivos, pero también destaca cómo las omisiones en la estrategia procesal de la contraparte pueden ser determinantes para el éxito de un caso, en este caso, de la empresa.

El éxito en este procedimiento se cimentó en la capacidad de la parte demandada para demostrar la gravedad de la falta cometida. El informe de la Guardia Civil y los testimonios recabados evidenciaron que el trabajador incumplió principios básicos de su actividad: no guardó la distancia de seguridad ni prestó la atención debida a la carretera, elementos esenciales para un conductor profesional. Este incumplimiento constituyó un abuso de confianza y una negligencia incompatible con las exigencias de su puesto.

En el juicio se argumentó que, aunque no se probó que el conductor estuviera utilizando su móvil en el momento exacto del accidente, el conjunto de las pruebas dejó claro que su actuación fue culpable. Como resultado, se logró acreditar que la pérdida de confianza por parte de la empresa estaba plenamente justificada.

Que se desestime en su integridad las pretensiones formuladas por la parte actora y se absuelva de los pedimentos formulados en su contra.

Oponerse a la Demanda de despido improcedente demostrando la gravedad de la falta cometida, que produjo la pérdida de confianza por parte de la empresa.