En junio de 2.020, Ana acude a interponer una denuncia contra su marido Mario a las dependencias policiales de su zona. En esta denuncia, Ana relata como desde hace unos años, Mario es violento física y psicológicamente con ella y con sus dos hijos, los cuales, eran fruto del matrimonio. 

La denuncia se presenta cuando Ana se entera a través de su hijo que su marido se va del domicilio familiar, y en la misma refiere haber sufrido amenazas de Mario, tales como: ''ME DIVORCIO DE TI, ME VOY DE CASA” “NO PUEDO VIVIR CON VOSOTROS, ME QUERÉIS CONTROLAR, ME TRATAIS MAL''.  Añadió además que la maltrataba física y psicológicamente, y que pegó al hijo mayor. Como prueba de esto, Ana aporta junto con la denuncia un vídeo enviado por su hijo, donde reflejaba un discusión entre el denunciado y el menor, en el que el niño quería que el padre reconociera haber intentado tirarle por las escaleras, aportando más tarde unos partes médicos que decían estaban relacionados con unas supuestas lesiones que indicaban habían sido ocasionadas por Mario hacia Ana en una de sus discusiones.

La relación entre las partes venía siendo bastante tormentosa, mismamente, en 2.016 el propio Mario había denunciado a Ana tras una grave discusión en la que ella le arañó la cara, pero posteriormente retiró la denuncia.

Tras la denuncia de estos presuntos hechos delictivos, comenzó un proceso penal lleno de complejos trámites, el cual terminó con la absolución del denunciado por parte del Juzgado de lo Penal. Durante la valoración probatoria en juicio, se evidenciaron contradicciones en los testimonios de la denunciante y el menor, así como la ausencia de pruebas médicas concluyentes que acreditaran las lesiones alegadas. Además, los informes periciales presentados resultaron contradictorios, destacando la mayor fiabilidad de los elaborados por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, que no acreditaban la existencia de un clima de maltrato habitual. Ante la falta de pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, el tribunal aplicó el principio in dubio pro reo. Se subraya en la resolución la necesidad de un mínimo de rigor probatorio para fundamentar una condena penal, especialmente en delitos que requieren acreditar una situación sostenida de violencia y dominación dentro del núcleo familiar.

El objetivo del cliente era no ser condenado por los delitos de los que le acusaba la parte actora.

La estrategia del abogado se basó en desmontar el relato acusatorio identificando contradicciones en las pruebas, respaldándose en jurisprudencia clave para cuestionar los elementos típicos del delito según el Código Penal, y priorizando pruebas objetivas, como peritajes imparciales, frente a elementos subjetivos.