En el año 2007, tras el divorcio entre D. Joshua y Dª Emiled, se estableció una pensión compensatoria indefinida a favor de esta última, por un importe de 300 euros mensuales. La medida se fijó para compensar el desequilibrio económico entre las partes, considerando la dedicación pasada de Dª Emiled a la familia y su situación laboral en aquel momento. A pesar de una solicitud de modificación presentada en 2018, la pensión se mantuvo inalterada por resolución judicial.

En 2023, D. Joshua interpuso una nueva Demanda de modificación de medidas, alegando cambios sustanciales y permanentes en las circunstancias. Entre las alteraciones, mencionó su jubilación, con una pensión de 2.165,95 euros (parcialmente embargada), el reconocimiento de un grado de discapacidad del 45 %, y la necesidad de asistencia por parte de su actual cónyuge, desempleada. También argumentó que Dª Emiled había mejorado su situación económica, percibiendo una pensión de jubilación de 784,75 euros y habiendo recibido 20.000 euros tras la liquidación del régimen económico matrimonial.

Por su parte, Dª Emiled sostuvo que persistía el desequilibrio económico entre ambos, ya que los ingresos de D. Joshua seguían siendo superiores a los suyos, y defendió que no existía motivo suficiente para extinguir la pensión. Tras valorar las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que los cambios en las circunstancias eran significativos, considerando especialmente la pensión de jubilación de la demandada y la situación clínica y económica del actor.

En consecuencia, el Tribunal estimó parcialmente la Demanda, declarando extinguida la pensión compensatoria con efectos desde la fecha de la resolución judicial. No se accedió a la retroactividad solicitada por D. Joshua, y tampoco se impusieron costas procesales a ninguna de las partes, dada la naturaleza del conflicto.

Que se declare la extinción de la pensión compensatoria, decretando la devolución de las recibidas.

Interponer Demanda de modificación de medidas, argumentando la alteración sustancial de las circunstancias que justifican la extinción de la pensión compensatoria