Don Carlos Martínez López y la demandada, Doña Laura Fernández Ruiz, mantuvieron una relación sentimental durante 11 años, que concluyó a principios de 2023. Fruto de esta relación nació la menor, Sofía Martínez Fernández, el 21 de febrero de 2015. Durante la relación, Doña Laura asumió un control absoluto sobre las decisiones relacionadas con la menor, relegando al padre a un rol secundario. Los abuelos maternos también desempeñaron un papel principal en el cuidado de Sofía, mientras que Don Carlos fue limitado a tareas secundarias.

Tras la ruptura, Don Carlos ha enfrentado obstáculos para mantener una relación con su hija, estando sometido a las restricciones impuestas por Doña Laura. Inicialmente, las visitas se restringían al domicilio materno, y solo más tarde se permitió al padre llevar a la menor a su casa, aunque sin pernocta. A pesar de los intentos de Don Carlos por llegar a un acuerdo amistoso para establecer un régimen de visitas y custodia más equitativo, estos han resultado infructuosos. Don Carlos alega estar plenamente capacitado para cuidar de Sofía, como demuestra su experiencia criando a su hija mayor, Lucía Martínez.

En el marco del procedimiento, Don Carlos solicita al tribunal que se adopten las siguientes medidas: en primer lugar, el establecimiento de la patria potestad compartida, permitiendo que ambos progenitores tomen decisiones conjuntas sobre aspectos relevantes de la vida de la menor. En segundo lugar, un régimen de custodia compartida con alternancia semanal y un reparto equitativo de las vacaciones escolares. Además, propone que cada progenitor asuma los gastos de la menor durante el periodo de convivencia y que los gastos extraordinarios sean compartidos en una proporción del 60% para la madre y 40% para el padre.

Don Carlos, trabajador por cuenta ajena con ingresos aproximados de 1.200 euros mensuales, asegura que puede compatibilizar su trabajo con el cuidado de Sofía. Además, dispone de un entorno familiar y recursos adecuados para atender a su hija. Por último, busca regularizar la situación actual, estableciendo medidas claras que protejan el bienestar de la menor y garanticen la presencia de ambos progenitores en su vida. Este procedimiento tiene como objetivo equilibrar los derechos parentales y salvaguardar el interés superior de la menor.

El objetivo del cliente es garantizar una relación equilibrada y continua con su hija, mediante la obtención de un régimen de custodia compartida que permita alternar semanalmente su cuidado y repartir equitativamente los periodos vacacionales.

La estrategia del abogado se centra en demostrar su capacidad como padre responsable y comprometido, presentando pruebas como su historial previo cuidando a su hija mayor y su disposición actual para atender a la menor.