La Sra. Juana adquirió un vehículo de segunda mano el 22 de junio de 2022 mediante un contrato de compraventa suscrito con la Mercantil A, una sociedad civil profesional inscrita en el Registro Mercantil, dedicada a la comercialización de vehículos usados a través de un establecimiento abierto al público. El contrato fue formalizado por el Sr. Miguel, representante legal tanto de Mercantil A como de Mercantil B, quien, en su calidad de administrador y socio de ambas sociedades, realiza las transacciones en nombre de estas, cuya actividad profesional se centra en la compraventa de vehículos de ocasión.

Tras la entrega del vehículo, la Sra. Juana detectó defectos graves, como una fuga de aceite, que notificó de inmediato al Sr. Miguel. Aunque se realizó una reparación inicial, el vehículo siguió presentando múltiples averías significativas, como pérdidas de aceite, fallos en los frenos y problemas en el sistema de iluminación, lo que derivó en una inspección técnica desfavorable. Estos defectos hacían que el vehículo no fuera apto para el uso habitual al que está destinado, considerando que el coste de reparación, estimado entre 4.500 y 6.500 euros, superaba ampliamente el precio de adquisición de 2.900 euros. Ante esta situación, la Sra. Juana inmovilizó el vehículo y reclamó la resolución del contrato.

El Tribunal estimó la Demanda presentada por la Sra. Juana, declarando la resolución del contrato de compraventa debido al incumplimiento esencial por parte de los codemandados y la falta de conformidad del vehículo. Se condenó solidariamente a Mercantil B y a la Sra. Susana a la restitución del precio pagado, 2.900 euros más intereses legales, y a asumir los gastos del cambio de titularidad del vehículo. La inclusión de la Sra. Susana como codemandada se justificó por su condición de última titular registral del vehículo y su relación directa con la operación, evidenciada mediante una factura exhibida en diligencias preliminares. Asimismo, el tribunal impuso las costas procesales a los demandados, considerando que las circunstancias del caso obligaron a la Sra. Juana a acudir a la vía judicial para obtener una tutela efectiva de sus derechos como consumidora.

Que se declare la resolución del contrato de compraventa del vehículo, la devolución de la cantidad de 2.900,00 euros más los intereses legales devengados y al cambio de titularidad del vehículo a favor de los demandados, siendo a su cuenta los cargos y gastos, impuestos, tasas y arbitrios que ello genere.

Interponer Demanda de juicio verbal contra la Mercantil A, Mercantil B y contra Doña Susana, solicitando la declaración de la resolución del contrato de compraventa del vehículo y la restitución recíproca de las prestaciones más los intereses legales devengados.