El caso versa sobre una reclamación judicial interpuesta por Grupo SL contra D. Javi, en la que la parte actora solicita el pago de una deuda de 500 euros derivada de un préstamo contratado por medios telemáticos. La parte demandante alega el cumplimiento del contrato y exige el pago, mientras que el demandado plantea la nulidad del contrato por considerar que contiene cláusulas abusivas, entre ellas un tipo de interés extremadamente elevado (TAE del 3115%) que califica de usurario conforme a la Ley de Represión de la Usura de 1908.Y a su vez, denuncia una mala fe procesal por parte de Grupo SL, al recurrir al juicio verbal en lugar del procedimiento monitorio, evitando así que el tribunal examine de oficio la abusividad de las cláusulas contractuales, como exige el artículo 815.4 de la LEC. 

En su resolución, el Tribunal desestima íntegramente la demanda de Grupo SL tras considerar que no logró acreditar el consentimiento del demandado para la celebración del contrato. A pesar de aportar un DNI escaneado, este documento no prueba de manera inequívoca el consentimiento válido del consumidor, especialmente por medios electrónicos, tal como exige la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Además, la ausencia de un soporte duradero que evidencie la aceptación del contrato refuerza la conclusión del tribunal.

Por último, el fallo establece la condena en costas procesales a la parte demandante debido a la desestimación total de sus pretensiones. 

Que se estime la excepción procesal por inadecuación del procedimiento, de no estimarse se tenga por rechazadas y desestimadas todas las pretensiones de la parte actora.

Oponerse a la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad, alegando primeramenta una excepción procesal de inadecuación del procedimiento por razón de la materia o por razón de la cuantía.