El 17 de julio de 2.003, Alejandro y varios miembros de una banda criminal colombiana secuestran a un hombre tras simular que son policías portando incluso armas de fuego de corto alcance. Días después, aparece el cuerpo sin vida del sujeto con signos de tortura y asfixia.

En 2.006, tras la desaparición de Alejandro, las autoridades colombianas emiten una orden de detención nacional comunicandosela un año después a la INTERPOL la cual publica la correspondiente noticia roja con la descripción del sujeto y los delitos que presuntamente ha cometido. Después de años sin respuestas, la justicia colombiana juzga en ausencia al acusado condenandole a 60 años de prisión por 14 homicidios agravados, secuestro extorsivo, pertenencia a banda criminal y tenencia ilegal de armas de fuego en base a las confesiones realizadas por los demás integrantes de la banda criminal.

En 2.022 es encontrado en España con otro nombre, nacionalidad española, familia, domicilio propio y trabajo. Inmediatamente se le detiene y se pone en prisión provisional comunicada e incondicional a espera de la extradición cuyo procedimiento lo empieza España en diciembre de ese año.

Que no se lleve a cabo la extradición de España a Colombia y así evitar que cumpla una pena de prisión de 60 años.

La estrategia del abogado en todo momento es alegar que no se puede llevar a cabo la extradición porque esta tiene el fin de que Alejandro cumpla la condena impuesta en ausencia directamente sin ser escuchado en juicio.