La reclamación que se promueve tiene su origen en el procedimiento penal iniciado en virtud de una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal el 31 de marzo de 2015 por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El demandante fue detenido y puesto a disposición judicial, ordenando su ingreso en prisión mediante Auto por su presunta participación en los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, blanqueo de capitales y delito fiscal. Dicho Auto se revocó el 12 de agosto de 2016 por la Audiencia Provincial y se acordó la puesta en libertad del Sr. Rafa. Pues consideró que en la resolución combatida no se detallan, ni fundamentan, la existencia de indicios suficientes de la comisión del hecho imputado.

La situación de prisión provisional, claramente indebida e injustificada, le causó un grave perjuicio: durante 32 días estuvo privado de libertad en un país que no era el suyo, en un centro Penitenciario absolutamente insalubre. La medida cautelar, alega, le causó un daño moral, mediante la privación de la libertad, y a su vez un daño en su reputación, la interrupción de sus actividades profesionales, la separación de su familia, que dependía de él (pareja, hija, y padre), cuando lo cierto es que era un ciudadano ucraniano intachable, que se vio imputado en un procedimiento por delitos que la sociedad reputa graves.

En relación a los daños resultantes por la estancia en prisión: a) El funcionamiento anormal de la Administración de Justicia consiste en el dictado de un Auto de prisión provisional sin ninguna justificación o motivación jurídica, y careciendo manifiestamente de proporcionalidad, contraviniendo por ello a las reglas básicas relativas a la adopción de medidas cautelares. El nexo causal entre el funcionamiento anormal de la Administración y el daño es directo. En efecto, la adopción de la medida cautelar de manera ilegítima e indebida por parte de la Administración provocó el hecho de que mi mandante no tuvo la posibilidad de disfrutar de su derecho constitucional de libertad y de presunción de inocencia. b) No puede haber ninguna fuerza mayor que explique el funcionamiento anormal de la Administración y la realización del daño al Sr. Rafa.

Solicita la indemnización de 43.835 euros por los daños sufridos debido a la prisión provisional padecida en el marco de
unas diligencias penales que concluyeron mediante auto de sobreseimiento.

Interponer Demanda Contencioso Administrativa contra la resolución dictada por el Ministerio de Justicia, por la que se acuerda desestimar la reclamación de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y contra la desestimación presunta del Recurso de Alzada interpuesto por esta parte, por ser las mismas contrarias a derecho y lesivas para los intereses del cliente.