Doña Susana contrajo matrimonio con su ahora exmarido el 15 de septiembre de 1999. La convivencia matrimonial se caracterizó por un clima de maltrato físico y psicológico hacia ella, por parte de su cónyuge, situación que nunca fue denunciada en sede judicial por temor a represalias y en protección de su hija menor de edad. Tras producirse la separación judicial, no se le reconoció pensión compensatoria. Años después su exmarido falleció, el 16 de junio de 2022.

A raíz del fallecimiento, Doña Susana solicitó pensión de viudedad ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La solicitud fue denegada por no reunir el requisito de pensión compensatoria. Sin embargo, la actora presentó Demanda contenciosa, aportando como prueba un informe pericial psicológico elaborado por una profesional forense, donde se ratifica la credibilidad de su testimonio como víctima de violencia psicológica y se detallan las secuelas derivadas del maltrato sufrido. Además, se incorporaron las declaraciones de su hija y de su cuñada, que confirmaban el trato recibido por la actora durante la convivencia con su exmarido.

Tanto el informe pericial como las testificales fueron valoradas por el órgano judicial como medios de prueba válidos conforme al artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al artículo 220.1, párrafo 3º del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que permite acreditar la condición de víctima de violencia de género por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

Ante ello, el juzgado estimó la Demanda, revocando la resolución administrativa y reconociendo a Doña Susana el derecho a percibir pensión de viudedad desde la fecha de la solicitud, al quedar acreditado que fue víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial.